Sánchez defiende un sobrecoste del 500% en guantes que nunca se recibieron mientras ataca a Almeida

En plena ofensiva contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el Gobierno defiende dos polémicos contratos firmados en los momentos más críticos de la pandemia para la compra de 92 millones de guantes de nitrilo. Estos contratos, por un importe total de 9.444.000 euros, están bajo la lupa por varios motivos: para empezar, porque el precio de cada guante -0,10 céntimos- supone un sobrecoste de hasta el 500% si se compara con lo pagado por otras administraciones en las mismas fechas e incluso el doble de lo que abonó el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el organismo encargado de las compras de material sanitario, por idéntico material. Por otro lado, porque el objeto social de la empresa, Member of the Tribe -unipersonal y creada en Barcelona- era principalmente el diseño, la fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios, lo que no evitó que se convirtiese en uno de los principales suministradores sanitarios del Gobierno. En tercer lugar, porque la compra resultó fallida. La empresa no cumplió los plazos y Sanidad rescindió el contrato tras abonar un adelanto.

Aún así, con todos estos antecedentes, el Gobierno no pone reparos a la contratación. El diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, dirigió al Ejecutivo varias preguntas por los cauces parlamentarios: «¿Qué criterios se usaron para otorgar la adjudicación a la empresa Member of the Tribe siendo sus precios notablemente mayores que el de otros suministradores?», «¿se han cambiado los criterios de adjudicación y ya no se tiene en cuenta el precio más competitivo para otorgar las adjudicaciones?».

Ah0ra, en un documento oficial remitido al Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo argumenta que, ante «la urgente necesidad de la adquisición y distribución de guantes», «se solicitó de diferentes empresas nacionales que realizaran su oferta». «En el momento en el que se realizó esta solicitud de concurrencia, únicamente la empresa Member of the Tribe S.L.U. manifestó capacidad para dar solución a esta necesidad de emergencia y se procedió a la contratación del suministro de guantes de nitrilo», concluye la respuesta, firmada en plena campaña de la izquierda contra el Ayuntamiento de Madrid por un contrato de mascarillas, guantes y test anticovid.

Denuncia del PP

Sanidad firmó los dos contratos con Member of the Tribe durante el primer semestre de 2020. El primero, el 14 de mayo, consistía en la adquisición de 52 millones de guantes de nitrilo por un importe de 5.564.000 euros. Pero la compañía incumplió el plazo de entrega, de 10 días naturales, lo que llevó a Sanidad a resolver el contrato, del que ya había adelantado el 30% del importe (1.669.200 euros). En junio de ese mismo año se firmó otro para el suministro de 40 millones de guantes de nitrilo, por 3.880.000 euros (0,097 euros por unidad) aunque, tras conocer el primer incumplimiento, la compra se suspendió.

Estos contratos se incluyen en la denuncia que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid presentó a mediados de marzo ante la Fiscalía Anticorrupción por supuestas irregularidades del Gobierno durante la pandemia y que ponen en el punto de mira a contratos y ayudas por importe de más de 326 millones de euros. Entre ellos figuran las ayudas concedidas a Playbol, la empresa vinculada a los padres de Pedro Sánchez, y a Beedigital, de la que forma parte el marido de la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

En el caso de los contratos adjudicados por el Gobierno a la empresa Member of the Tribe, la denuncia de los populares destaca que «los contratos se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación de la empresa de forma directa» y que «su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios como era el objeto de la contratación indicada y, por lo publicado por la prensa, no había concertado hasta dicho momento contrato alguno con las administraciones sanitarias».

El Grupo Parlamentario Popular añade asimismo que «no consta que hubiese una comprobación, tal y como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos o su solvencia económica a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicatario, sin que se haya justificado de forma expresa su no necesidad».

Además, destacan, «el precio de la unidad de guante de nitrilo ofrecido por la empresa Member of the Tribe, adjudicataria del contrato, fue de 0,10 euros, lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios de los correspondientes contratos de suministros, tanto por parte del propio Ministerio de Sanidad, como de otras instituciones».

Así, según los datos recopilados por el Partido Popular, el Servicio Murciano de Salud compró guantes de nitrilo a proveedores como Izas Hospital SLU Laboratorios Hartman S.A. a un precio de entre 0,02 y 0,03 la unidad. Al igual que el Servicio Cántabro de Salud. «Hasta el propio Ministerio de Sanidad adjudicó en esa fecha a la empresa Sanicen S.A. el suministro de 17 millones de guantes a un precio de 0,05 euros la unidad».

1,6 millones

«Por lo tanto, se puede observar que la adjudicación a la empresa Member of the Tribe no tenía ninguna lógica económica que justificase la contratación a una empresa cuyo objeto social no era concordante con la naturaleza del suministro», señala el PP en la denuncia. «El precio de la adjudicación por unidad, por encima del 0,10 euros la unidad representa un sobrecoste del 25% y el 500% de las adjudicaciones referenciadas».

Sanidad, según consta en la denuncia, adelantó 1.669.200 euros, el 30% del primer contrato. «La compañía incumplió el plazo de 10 días de entrega que se establecía en las condiciones de contrato, por lo que se resolvió el contrato y se suspendió el segundo. Sin embargo, la administración no ha recuperado todavía, a pesar de haber transcurrido dos años, el importe de 1.669.200 euros que fueron adelantados, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la Administración y el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios afectados».